Los planes de Texas para arrestar a migrantes sospechosos de entrar ilegalmente a Estados Unidos permanecerán en suspensión según el fallo de un tribunal federal de apelaciones que probablemente evitará la aplicación de la nueva ley de inmigración del gobernador republicano Greg Abbott hasta que se emita una decisión más amplia sobre su legalidad.
La decisión, tomada la noche del martes con dos votos a favor y uno en contra, es la segunda vez que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos impone una suspensión temporal a la ley de Texas. Se produce después de que, la semana pasada, la Corte Suprema permitió que la ley tuviera efecto durante algunas horas, produciendo ira y expectación en la frontera entre Estados Unidos y México.
Las autoridades tejanas no anunciaron ningún arresto según la ley durante ese breve período del 19 de marzo, antes de que el tribunal de apelaciones la bloqueara.
En la decisión del martes, la jueza principal Priscilla Richman citó una decisión emitida por la Corte Suprema en 2012 que suprimió varias porciones de una estricta ley migratoria de Arizona, incluido el poder de realizar arrestos. La ley de Texas es considerada por sus opositores como el intento más dramático de un estado de vigilar la inmigración desde la ley de Arizona.
“Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración — la entrada, admisión y retiro de no ciudadanos — es un poder exclusivamente federal”, escribió Richman, nombrada por el presidente republicano George W. Bush.
El Departamento de Justicia alegó que la ley texana es una clara violación de la autoridad federal y que causaría el caos en la frontera. Texas sostiene que el gobierno del presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para controlar la frontera y que las autoridades estatales tienen derecho a tomar medidas.
La ley de Texas, escribió Richman, “crea delitos penales distintos y procedimientos relacionados con respecto a la entrada no autorizada de no ciudadanos Texas desde el exterior del país y su retiro”.
La jueza Irma Carrillo Ramirez, nombrada por Biden, estuvo de acuerdo con esa opinión.
El juez Andrew Oldham, nombrado por el expresidente Donald Trump y exasesor de Abbott, disintió de la decisión mayoritaria.
Oldham escribió que el gobierno de Biden enfrentaba un gran impedimento para tomar el poder soberano que Texas tiene para aplicar una ley que su gente y sus líderes desean.
“En nuestro sistema federal, el estado de Texas debe mantener al menos una parte de su soberanía”, escribió Oldham. “Su gente debe ser capaz de usar esa soberanía para elegir representantes y enviarlos a Austin para debatir y promulgar leyes que respondan a las exigencias que experimentan los tejanos y que Texas desea que se aborden”.
La norma estuvo vigente durante unas horas el 19 de marzo, luego de que la Corte Suprema allanó el camino para su entrada en vigor. Pero el alto tribunal no se pronunció sobre los fundamentos del caso y lo devolvió al 5to Circuito, que suspendió su aplicación mientras se estudiaba el último recurso.
El fallo del martes reitera la suspensión.
El miércoles, se dejaron mensajes telefónicos en busca de comentarios de los voceros de Abbot y del procurador general del estado Ken Paxton.
La ley, sancionada por el gobernador, Greg Abbott, permite que cualquier agente de la ley del estado arreste a sospechosos de haber ingresado al país de forma ilegal. Una vez detenidos, los migrantes pueden aceptar la orden de un juez para abandonar el país o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Quienes no abandonen el país podrían volver a ser arrestados por un delito más grave.
Las autoridades han ofrecido varias explicaciones sobre cómo se aplicaría la ley. México ha dicho que se rehusaría a recibir a cualquier persona a la que Texas le ordene cruzar la frontera.
El breve periodo en el que la ley estuvo en vigor reveló que muchos jefes de la policía no estaban preparados, no podían o no estaban interesados en aplicarla.
Thaddeus Cleveland, jefe de la policía del condado Terrel, que abarca más de 80 kilómetros (50 millas) de la frontera, dijo la semana pasada a The Associated Press que no hay ninguna forma práctica para aplicar la ley. Añadió que no tiene forma de transportar a las personas, la cárcel del condado tiene espacio sólo para siete personas, y el puerto de entrada más cercano está a más de dos horas y media de camino.
Larry Smith, jefe de la policía del condado Smith y presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Texas, dijo que la ley tendrá poco efecto en su jurisdicción del este de Texas, que está más cerca de Luisiana y Oklahoma y a unos 644 kilómetros (400 millas) de la frontera con México.
Los críticos sostienen que la iniciativa de Texas podría derivar en violaciones de derechos civiles y persecución racial.
Los partidarios han rechazado esas preocupaciones alegando que los agentes deben tener una causa probable para los arrestos, como haber sido testigo de la entrada ilegal o haberla visto en video. También esperan que la ley se utilice especialmente en los condados fronterizos, aunque se aplicaría en todo el estado.
